| GRUPO SAINVILLE |
| CAMINOS PARA LA RECONCILIACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DEL PAÍS: ACUERDOS BÁSICOS. |
Agradecimiento Especial
Al grupo inicial que participó en el I Encuentro Caminos para la Reconciliación en Sainville-Cartagena, en el mes de enero del presente año y que, durante dos días pensaron en los Acuerdos Fundamentales para la Reconciliación Social y Política del país.
Agradecimiento a María Teresa Ronderos, Claudia López y Natalia Springer, que hicieron el primer borrador del documento.
Gratitud a los participantes del II Encuentro Caminos para la Reconciliación en Bogotá, porque encausaron el primer documento de acuerdos fundamentales.
CAMINOS PARA LA RECONCILIACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DE COLOMBIA
ACUERDOS BÁSICOS
Introducción
Somos un grupo de ciudadanos de diversos orígenes, experiencias y corrientes políticas, conocido como el Grupo de Sainville, que se ha comprometido con la construcción de una propuesta de reconciliación social y política para Colombia.
Buscamos discutir las principales problemáticas que afectan al país y dar los primeros pasos en la formulación de una agenda que contenga acuerdos mínimos y fundamentales que trasciendan las ideologías y el debate político actual. Las ideas sencillas aquí planteadas son una invitación para construir sujetos políticos, repensar al país y generar conciencia nacional. Buscamos proponer una hoja de ruta vinculante para futuros gobiernos en temas de paz y reconciliación íntegra y sostenible. Esperamos que esta propuesta se reproduzca como las olas, inspire la imaginación y encienda la esperanza de que esta generación estará en capacidad de heredarle a sus hijos una Colombia justa que progrese en paz.
La reconciliación comienza con la creación de una visión compartida entre los colombianos sobre el país que queremos. Esta visión se edifica sobre un objetivo común con sentido de urgencia: la construcción de una democracia moderna, cimentada sobre una sociedad civil ilustrada, deliberante, participativa e incluyente; y sobre un Estado social de derecho transparente, que reconozca y respete los derechos de los ciudadanos y que mejore sus condiciones de vida en un ambiente de tolerancia e igualdad política y social para todos. Dicha democracia debe fundarse sobre una revaloración de lo público y sobre un compromiso ético en el ejercicio de la política, que rescate el espíritu de la Constitución de 1991, y que prevenga y sancione legal y socialmente las violencias, el crimen y la corrupción.
Valoramos los logros y avances significativos que en las últimas décadas hemos alcanzado en nuestro país. Sin embargo, reconocemos que Colombia es una sociedad históricamente desequilibrada y estructuralmente injusta, que arrastra sin resolver profundas fracturas sociales, económicas y políticas. Estos enormes desafíos requieren de reformas sustanciales, articuladas y complementarias en lo político, lo económico y en la forma en la que abordamos la construcción de paz; que exigen claridad, decisión y voluntad política, y que requieren una visión de largo alcance y construcción paciente.
Estas reformas deben emprenderse desde el Estado y la sociedad, con autonomía e independencia de eventuales agendas de negociación con los grupos armados ilegales. Una tarea tan difícil necesita de compromisos nacionales, involucrando tanto a las élites como a los grupos representativos de la sociedad, incluyendo a los que tradicionalmente han sido marginados. Colombia es un país en construcción que debe reinventarse a sí mismo. Las soluciones se deben ir concibiendo, diseñando, y construyendo entre todos. La Colombia que queremos: una nación reconciliada e incluyente.
Proponemos trabajar en la búsqueda de un compromiso nacional sobre tres caminos de reconciliación fundamentales: 1) Primer camino: de la democracia y el ejercicio de la política (dar sentido ético e institucional a la política y a la sociedad colombiana); 2) Segundo camino: del modelo económico para superar la pobreza y construir igualdad social (instaurar un modelo económico que sea una ruta confiable para superar la pobreza y para construir progreso con equidad económica, sostenibilidad ambiental, igualdad política y social y respeto a la diversidad cultural); 3) Tercer camino: de la construcción de una paz sostenible y duradera. Estos tres caminos de reconciliación se refuerzan y retroalimentan entre sí, hacia el propósito final de la reconciliación y la paz.
ACUERDOS BÁSICOS
PRIMER CAMINO: DE LA DEMOCRACIA Y EL EJERCICIO DE LA POLÍTICA
1. Construir Estado social de derecho en todo el territorio nacional, fortaleciéndolo en aquellas regiones en donde es débil, y reconstruyéndolo donde éste ha sido capturado por las redes criminales, las mafias y la corrupción. Debemos empeñarnos en la construcción de un Estado que responda a las identidades y necesidades regionales, con capacidad de proveer justicia, incentivar la igualdad tanto a nivel nacional como regional y local; así como capaz de garantizar los derechos consagrados en la Constitución de 1991.
2. Renunciar explícitamente al uso de la violencia y de métodos mafiosos como arma política, creando instrumentos rigurosos de sanción a quienes rompan este compromiso.
3. Fortalecer y garantizar la separación efectiva de los poderes públicos y el sistema de pesos y contrapesos que permite los equilibrios apropiados para el correcto desarrollo del Estado democrático al que aspiramos.
4. Promover la formación de una ciudadanía deliberante y participativa. La sociedad civil debe hacerse presente en la edificación del país que queremos, y debe estar en capacidad y libertad para organizarse y movilizarse en función del desarrollo.
5. Fomentar y posibilitar el ejercicio respetuoso del pluralismo, la discusión abierta de lo público y de los programas e ideas políticas de los partidos, los movimientos sociales y los candidatos.
6. Acordar un código de ética pública y una política ambiciosa de lucha contra la corrupción, el clientelismo y el populismo, que incluya realizar un esfuerzo nacional de concientización ciudadana sobre el costo social y económico de estas prácticas que tanto han afectado las instituciones democráticas del país.
7. Recuperar el sentido público y ético de la política, como un escenario propicio para el debate y la tramitación de controversias entre los ciudadanos
8. Impedir la cooptación del Estado por parte de actores e intereses privados y desmontar el sistema de transacciones sobre el que se basa el clientelismo, que se ha institucionalizado en nuestro sistema político y que ha transformado los derechos de los ciudadanos en favores y recompensas.
9. Trazar y establecer reglas de juego transparentes para depurar y fortalecer los partidos y las instituciones políticas. Sin ellas es improbable la consolidación de un nuevo modelo político de carácter democrático, que garantice la participación política de las minorías y le dé prioridad a la justicia social y a la paz.
10. Reorientar y fortalecer nuestra política exterior a partir de su formulación consensuada, retomando principios fundamentales como el multilateralismo, el respeto al orden jurídico internacional, la defensa de la unidad nacional y de la integridad territorial del Estado.
11. Plantear una política de fronteras comprehensiva, que haga énfasis en la crisis humanitaria e incluya los temas de refugio y migración.
12. Reformular nuestra aproximación a la lucha contra las drogas ilícitas y asumir un rol de liderazgo en esta materia, insistiendo en el principio de corresponsabilidad internacional y teniendo como uno de los ejes prioritarios la integración de las poblaciones afectadas por este flagelo a la economía legal. Reconocer que el narcotráfico alimenta la guerra, se lucra de la destrucción del Estado y aprovecha los conflictos y la marginalidad social para florecer.
13. Sintonizarnos con la agenda de prioridades globales, pero centrados en la defensa de nuestros intereses nacionales.
SEGUNDO CAMINO: DEL MODELO ECONÓMICO PARA SUPERAR LA POBREZA Y CONSTRUIR IGUALDAD SOCIAL
14. Generar un modelo de desarrollo nacional que genere crecimiento económico equilibrado, que modernice y diversifique la estructura productiva del país, que respete el medio ambiente, y que tenga como ejes centrales a las personas y al trabajo. Dicho modelo debe incluir: justicia social; lucha frontal contra la miseria y la pobreza, generación de trabajo y de riqueza, y un compromiso del Estado y la sociedad para eliminar la desigualdad extrema y para promover empleo productivo formal.
15. Desarrollar un modelo educativo de calidad, que no reproduzca inequidades, que integre y una a los colombianos en vez de separarlos, y que esté conectado con las necesidades del modelo de desarrollo nacional por el que propendemos. La educación debe ser un instrumento prioritario en la lucha contra la exclusión social.
16. Reafirmar que si bien la economía de mercado debe ser rentable y generar riqueza, es necesario reconocer que le corresponde al Estado desarrollar mecanismos para asegurar una mejor distribución del ingreso, para garantizar el acceso a las oportunidades en forma equitativa y para promover la función social y ambiental de la propiedad privada. Desarrollar un modelo productivo basado en el conocimiento y en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Un modelo productivo que sea competitivo y aproveche el potencial del país y sus ventajas comparativas.
17. Desarrollar un modelo fiscal justo que favorezca proactivamente a los sectores de menores ingresos y no limite el crecimiento. Reglamentar y supervisar las actividades de instituciones financieras para que incidan positivamente sobre la economía real y para impedir que afecten negativamente a los consumidores, los ahorradores y el Tesoro Público).
18. Formular una política audaz de reordenamiento y redistribución de tierras como instrumento eficaz de justicia social para hacer frente al despojo, a la concentración, y al mal uso de la tierra, que han sido a la vez fuente y consecuencia de las múltiples violencias del país.
TERCER CAMINO: DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ SOSTENIBLE
19. Reconocer que en Colombia hay un conflicto armado, y que ha generado una tragedia humanitaria. La guerrilla fracasó en sus propósitos, pero la asociación de las élites con actores armados ilegales y las prácticas de guerra ilegítima del Estado y de los grupos paramilitares también han fracasado. Es un imperativo ético y moral buscar los caminos menos costosos en pérdida de vidas humanas, sufrimiento y deterioro de los valores democráticos. También lo es lograr que las élites regionales y nacionales asuman plenamente su responsabilidad en la construcción de un país mejor y se reconcilien con la democracia. De igual forma, es necesario favorecer la reconciliación de las guerrillas con el Estado y la sociedad. El fin de la guerra debe tener un sentido de urgencia, así como lo debe tener el respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
20. Reconocer y consolidar el monopolio legítimo del Estado sobre el uso de la fuerza en todo el territorio nacional, según la Constitución y las leyes colombianas. Es prioritario formular la política de seguridad como una política pública de Estado, que garantice los derechos ciudadanos a la vida, a la libertad y a la paz, derechos de obligatorio cumplimiento. Para este fin, se debe insistir en la primacía del poder civil sobre el militar y en la importancia de que los civiles lideren la toma de decisiones en asuntos relacionados con la seguridad y la defensa nacionales.
21. Respaldar, fortalecer e institucionalizar los valores democráticos y continuar en el proceso de consolidación de la doctrina que ya ha sido adoptada en las Fuerzas Armadas, según la cual sólo actuando bajo las normas del respeto a la ley, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario cumplen con su misión constitucional y obtienen la ventaja moral que contribuye a cerrarle los caminos a los actores violentos. Asimismo, es importante sancionar de manera ejemplarizante a quienes actúen en contravención de los criterios mencionados.
22. Respaldar, fortalecer e institucionalizar los valores democráticos y la doctrina que ya han hecho progreso en las Fuerzas Armadas, según los cuales sólo actuando bajo las normas del respeto a la ley, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario cumplen su misión constitucional y obtienen la ventaja moral que contribuye a cerrarle los caminos a los actores violentos. Asimismo, es importante sancionar de manera ejemplarizante a quienes actúen por fuera de estos valores y doctrina
23. Exigir a todos los actores armados la renuncia unilateral a las prácticas que constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad como el secuestro, el desplazamiento forzado, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, los homicidios en persona protegida, la violencia de género y sexual, y el uso de minas antipersonales, que han destrozado el tejido social de la nación. Esta renuncia es el único camino para construir confianza e innovar formas de diálogo que lleven al fin de las violencias y que permitan la reconciliación nacional. La sociedad civil, especialmente las víctimas, debe participar con su propia voz en este proceso.
24. Ofrecer a todos los actores armados ilegales la posibilidad de reincorporarse a la sociedad civil, de reinventar sus vidas y de integrarse legítimamente a la vida democrática, con la condición de que abandonen las armas y la violencia como método para imponer sus ideas políticas No obstante, los procesos de Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR) que se lleven a cabo deben tener como eje central el respeto a los derechos de las víctimas de los crímenes cometidos durante el conflicto.
25. Exigir la verdad. Colombia necesita la verdad de todos. Sólo un proceso de verdad podrá ponerle fin a la barbarie, reconocer y reparar a las víctimas, y hacer viable un diagnóstico real como punto de partida para encontrar fórmulas que nos permitan alcanzar nuestro sueño. Para este fin Colombia necesita una Comisión de la Verdad. No puede haber reconciliación si no conocemos nuestro pasado y si no hay un rechazo a lo que ha sucedido y unas instituciones garantes de la no repetición.
26. Idear formas de verdad, justicia y reparación que vayan más allá de lo estrictamente penal, o de lo puramente económico. La Ley 975 debe entenderse como una fórmula transitoria, en evolución, que necesita incorporar mecanismos de justicia más flexibles e incluyentes, que cobijen a las víctimas de todas las violencias. El país debe reflexionar sobre los desafíos y las posibilidades de la justicia transicional y no limitar sus esfuerzos a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz (975).
27. Fortalecer e institucionalizar mecanismos de justicia independientes, asequibles y eficientes en todos los niveles; garantizando el acceso equitativo a todos los ciudadanos y haciendo énfasis en la justicia transicional, en la justicia de lo cotidiano y en los mecanismos alternativos de solución de conflictos.
28. Desarrollar una política integral de construcción de paz, que tenga el consenso de la sociedad y no oscile con cada coyuntura electoral. Para ello el Estado debe convocar y respetar la autonomía e independencia del Consejo Nacional de Paz.
CONCLUSIONES
Es necesario promover un Acuerdo Nacional entre las fuerzas políticas y sociales, en el que participen activamente representantes de todas las tendencias políticas, con miras a generar una fuerza social y política que haga posible la articulación de los tres caminos de reconciliación aquí propuestos. En efecto, es necesaria la reconciliación de los colombianos con lo político, con la política y con el Estado. Es igualmente urgente favorecer la reconciliación social del país, construida sobre proyectos de vida compartidos.
Es fundamental hacer la paz primero con los pacíficos reconciliándonos con la Colombia marginada y sufrida. Es igualmente importante profundizar la democracia para nosotros y para nuestros hijos, dejando la puerta abierta a los violentos para que se sumen a este proyecto de país, siempre y cuando abandonen las armas. Debemos emprender reformas estructurales que creen las condiciones para que la justicia, la equidad y la solidaridad entre los colombianos sean posibles. Para eso debemos construir los sujetos políticos que tengan la independencia, la voluntad, y el sentido ético necesarios para echarse al hombro semejante tarea.
PARTICIPANTES GRUPO SAINVILLE
| ALFREDO MOLANO | Sociólogo y escritor |
| CARLOS FRANCO | Director Programa Presidencial de DDHH y DIH Vicepresidencia de la República |
| CECILIA LÓPEZ | Senadora |
| CLAUDIA LÓPEZ | Politóloga y Columnista |
| Dr. AUGUSTO RAMÍREZ OCAMPO | Ex canciller y Ex constituyente |
| Dr. RUDOLF HOMMES | Ex ministro de Hacienda |
| ERNESTO BORDA MEDINA | Universidad Javeriana |
| EVERARDO MURILLO | Director Del Programa Laboratorios de Paz de Acción Social |
| FRANCISCO GALÁN | Director Casa de Paz |
| GUSTAVO F. PETRO | Senador |
| HUMBERTO DE LA CALLE | Ex ministro del Interior |
| JUAN FERNANDO CRISTO | Candidato Presidencial |
| JUAN MAYR | Ex ministro del Medio Ambiente |
| JUAN SEBASTIÁN BETANCOURT | Presidente Fundación Proantioquia |
| LEÓN VALENCIA | Analista Político |
| LUCÍA GONZÁLEZ | Directora Museo de Antioquia |
| LUIS ALFONSO HOYOS | Embajador de Colombia ante la OEA |
| LUÍS JORGE GARAY | Economista e Investigador |
| MARÍA CLAUDIA MEDINA | Fundación Ideas para la Paz |
| MARÍA EMMA MEJÍA | Directora Fundación Pies Descalzos |
| MARÍA TERESA RONDEROS | Directora de Semana.com |
| MARÍA VICTORIA LLORENTE | Directora Ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). |
| MARTA LUCIA RAMÍREZ | Pre candidata Presidencial |
| MICHAEL REED | Director adjunto del ICTJ en Colombia |
| Mons. HÉCTOR FABIO HENAO | Director del Secretariado Nacional de Pastoral Social |
| Mons. NEL BELTRÁN SANTAMARÍA | Obispo de la Diócesis de Sincelejo |
| NATALIA SPRINGER | Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano |
| Pbro. DARÍO ECHEVERRI | Secretario General de la Comisión de Conciliación Nacional |
| SERGIO FAJARDO V. | Pre candidato Presidencial |
| VICENS FISAS | Director de la Escuela de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona |
